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Hacia la gestación del
Estado-militar-neocorporativo en México
Towards the creation of the
neo-corporate military state in Mexico
Mateo
CROSSA
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https://orcid.org/0000-0002-1595-366X
Instituto Mora, Ciudad
de México, México
Correo electrónico: macrosiel@gmail.com.
Resumen: Este trabajo tiene
como objetivo analizar la reconfiguración reciente del poder estatal en México desde
la mirada de la economía política. Desde este lugar se plantea
que en el último mandato
presidencial, a cargo de López Obrador (2018-2024), se han
ido sentando las bases de un
Estado que, en busca de saldar la
crisis de legitimidad que
se experimentaba en el país en sexenios
previos, no abandona la
política económica neoliberal ni el
carácter militar-coercitivo instalado a través de la llamada ‘guerra contra el
narcotráfico’, pero impulsa una política social de programas de asistencia monetaria que se han convertido en la base de un consenso social políticamente subordinado que cimienta
el piso de un nuevo Estado-militar-neocorporativo.
Palabras clave: México. Neoliberalismo. Estado. Programas sociales de transferencias monetarias.
Abstract:
This paper analyses the recent reconfiguration of
state power in Mexico from the perspective of political economy. It argues that
during the most recent presidential term under López Obrador (2018-2024), the
foundations of a new state model were been laid. In an
effort to address the legitimacy crisis experienced under previous
administrations, this model retains neoliberal economic policies
and the militarised and coercive character established through the so-called
'war on drugs.' It, however, promotes a social policy based on monetary
assistance programmes, which have become the foundation of a politically
subordinated social consensus that underpins a new military-neocorporate
state.
Keywords: Mexico. Neoliberalism. State. Monetary transfer social programmes.
1.
Introducción
|
T |
ras casi cuatro décadas de predominio de políticas económicas neoliberales
y una creciente crisis de legitimidad del Estado mexicano,
acentuada por el uso sistemático de la coerción y la
violencia como herramientas
de control estatal en el marco de la llamada ‘guerra contra el
narcotráfico’, la política nacional vivió un punto
de inflexión en 2018 con la llegada
a la presidencia de Andrés
Manuel López Obrador (2018-2024). Este cambio marcó el inicio
de un proceso en el que el
ejercicio del poder
político en México experimentó
transformaciones significativas, orientadas a
recuperar la legitimidad del mando político del Estado. Dicho proceso buscó
trascender el predominio de la fuerza coercitiva como único dispositivo
de dominación, para incorporar mecanismos de parcial
consenso asentados en la puesta en
marcha de programas de transferencias monetarias condicionadas.
Estas dinámicas han dado paso a un proceso
reciente de reconfiguración
del Estado mexicano, cuyas implicaciones serán examinadas en este trabajo desde la perspectiva de la economía política. Se presentará un
análisis de los factores que han contribuido a la reconstrucción de la legitimidad estatal, en un contexto donde las políticas
económicas neoliberales y el
uso de la violencia estatal
permanecen como pilares centrales
del ejercicio del poder político en el país.
El
artículo comienza presentando algunas
notas sobre el desenvolvimiento
del poder político durante el
desarrollo neoliberal, donde destacan
la agresiva transformación por la que atravesó la economía
mexicana desde los años 80
y la consecuente crisis de legitimidad estatal que
esta produjo. En un segundo momento se analizan algunas de las más importantes transformaciones
recientes en la estrategia de dominación que Estados Unidos (EUA) emprende
sobre América Latina. Aquí se destaca el interés prioritario
que tiene el proyecto imperial estadounidense
por retomar el control
sobre la región latinoamericana, donde México juega
un papel estratégico en el marco de la disputa actual por el reparto mundial. En el marco de esta perspectiva
global sobre el despliegue
imperial, se presenta una tercera parte en la que se plantean
algunas ideas claves para comprender el proceso
reciente de reestructuración
del poder político en
México, marcado por la progresiva
consolidación de un Estado militar neocorporativo.
2.
Notas sobre el neoliberalismo y crisis política en México
En México, el modelo de sustitución de importaciones tuvo un singular significado dentro de América Latina, probablemente porque a principios
del siglo XX vivió una revolución social de
magnitudes profundas. Esta revolución mexicana sembró las bases para una transformación profunda que diera
pie a la formación de un capitalismo con una protagónica conducción del Estado en la
economía nacional. A nivel
económico, esto significó
que para las décadas de los
50 y 60, conocidas en
México como el milagro
mexicano, el Estado estuviera
involucrado en todas las
ramas estratégicas de la economía
nacional.
En el
terreno del poder político, se tejió
la dominación mediante la subordinación corporativa de
grandes federaciones sindicales
y gremiales que operaban
subsumidas al mando político del Estado. Los años 50 y 60 del siglo XX fueron los años cúspide del Estado del corporativismo mexicano, comandado por el partido único (Partido Revolucionario
Institucional, PRI). En ese
momento, la relación de
mando y dominación se ejercía
a través de una política de alianzas con sectores campesinos y de trabajadores
industriales de grandes centrales
gremiales dirigidas por líderes sindicales
‘charros’ vinculados al partido político dominante, mismos
que tenían una puerta giratoria al parlamento (Gonzalez Casanova, 1991).
Sin embargo, este escenario terminó abruptamente con la crisis
y la reestructuración de la economía global en la década de 1980. Después de un breve periodo de auge petrolero en los
años 70, los precios del petróleo cayeron a principios de los 80, y para 1982, la economía mexicana estaba en bancarrota. En ese momento, se firmaron acuerdos con el
Fondo Monetario Internacional, y se implementó una agresiva política
de ajuste estructural que desmanteló
por completo las bases del
modelo de sustitución de importaciones
y del Estado Corporativo. Entre las
primeras medidas implementadas destaca
lo que se conoce como
‘topes salariales’ que aplicaron,
en un contexto de muy elevada inflación, lo que en términos del poder adquisitivo representó una franca caída salarial al precipicio.
También se impulsó la apertura del
mercado interno a la inversión
extranjera mediante la incorporación de México al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT, por sus siglas en
inglés) en 1985 y la consecuente reducción irrestricta de aranceles. Esta política neoliberal se fortaleció
exponencialmente con la
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, lo cual dio
por terminado el Estado Corporativo mexicano y convirtió al país en un enclave maquilador que quedó
bajo el control de corporaciones transnacionales y
totalmente orientado a abastecer el mercado estadounidense, lo que implicó que la economía nacional se subsumiera a
lo que Ruy Mauro Marini llamó
la “[…] integración
imperialista de los sistemas de producción”
(Marini, 1977, p. 186).
En este terreno comenzó una nueva narrativa
ideológica de desarrollo económico tutelado por los principios del Consenso de Washington. A la
sombra del del TLCAN,
México se convirtió en el mayor exportador de América
Latina, al grado que actualmente las
exportaciones de México representan
el 41% del total de exportaciones de América Latina y el
Caribe.[1]
Paralelamente a este crecimiento exponencial de las exportaciones, México vio caer vertiginosamente los salarios y se convirtió en el
mayor expulsor de fuerza de
trabajo de América Latina. De hecho,
para el 2020, se colocaba
como el segundo país del
planeta después de la India con mayor
emigración internacional (Organización
Internacional de las Migraciones,
2023). Para el 2020, había
38,5 millones de personas de origen
o descendencia mexicana viviendo
en EUA, cifra que sólo se puede explicar por las cuatro décadas de forzada aplicación de recetas neoliberales que han provocado,
incluso hasta hoy, un masivo éxodo de trabajadores (Current Population Survey, 2020).
A pesar de que esta migración forzada se unió a los segmentos más precarios y
criminalizados del sector de servicios
en la economía
estadounidense, las remesas que envían los migrantes desde EUA son un sostén fundamental para
compensar las condiciones de superexplotación
y precariedad salarial que prevalecen
en México. De hecho, sería absolutamente inconcebible el funcionamiento de la precaria demanda agregada en México si no se toma en cuenta el
peso de las remesas que,
para finales de 2023, representó
por mucho el mayor ingreso de divisas en el país y 73% de la masa salarial de la población ocupada de México (Consejo Nacional de Evaluacion de
la Politica
de Desarrollo Social, 2022).
Mientras tanto, la informalidad laboral se convirtió en la
columna vertebral del
mercado laboral, hasta el punto
de que hoy en díal el trabajo
informal representa, de acuerdo con
datos oficiales, 56% de la fuerza laboral de México.[2]
Esta fuerza laboral está sumergida
en condiciones inseguras, sin
beneficios, sin un salario fijo,
sin contrato, sin seguridad social, y en gran parte, vive con ingresos por debajo del salario mínimo. Este enorme ejército de trabajadores informales no sólo demuestra que el mercado de trabajo en el
capitalismo dependiente es incapaz de absorber a la amplitud de población trabajadora latente,
sino que esta población latente también
participa en la presión del mercado laboral como ejército industrial de reserva funcional para presionar los salarios
a la baja y mantener
oxigenadas las condiciones de precariedad
y superexplotación en el sector formal, particularmente en
el sector manufacturero
exportador, donde prevalecen salarios
hasta 20 veces más bajos
que los de EUA. Sería imposible concebir la precariedad salarial en México sin comprender
la función estratégica que tiene el mercado informal como
mecanismos de presión de los
salarios en el sector formal (Foster; Magdoff,
2004).
A partir
de 2006, la ofensiva contra el
trabajo se profundizó aún más con la
llamada guerra contra el
narcotráfico. Desde aquel año,
y especialmente después de la
Gran Recesión de 2008,
México experimentó un proceso de ‘doble filo’. Por un
lado, la presencia de la industria maquiladora en el país se duplicó
entre 2008 y la actualidad,
pasando de 1.4 millones a
más de 3 millones de trabajadores
maquiladores respectivamente. Por otro lado, el poder político comenzó un proceso de transformación
marcado por la creciente y prominente presencia de las fuerzas militares en la organización de la vida pública. El aparato militar que había
operado selectivamente contra algunas
organizaciones y movimiento
sociales durante los años 60 y 70 del siglo XX (periodo conocido en México como la Guerra Sucia, en el que destacó la matanza de estudiantes
en la plaza
de Tlatelolco en 1968), se extendió por todos los rincones del territorio nacional bajo el auspicio de la guerra
contra el narco, dando pie a la
formación de un Estado autoritario
y coercitivo, marcado por una agenda profundamente conservadora, en el cual
el terror y la violencia se convirtieron en el principal mecanismo estatal
de ejercicio del dominio político.
Pero
este escenario de creciente
maquilización de la economía mexicana y dominación a
través de la violencia y el terror llevó a un rápido y creciente descontento
social a nivel nacional. A pesar
de la coerción estatal, el movimiento popular vivió un proceso
de ascenso social que se aceleró de forma notoria durante el periodo presidencial de Enrique Peña
Nieto (2012-2018). Las movilizaciones
fueron marcadas por el
protagonismo de pueblos originarios,
movimientos feministas, familiares de desaparecidos
(donde destacó la enorme movilización contra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa), movimientos obreros en las maquilas, magisterio, entre otros. Todas
estas expresiones de rabia popular hacían evidente que la vida
política en el país se dirigía a un escenario
de crisis de legitimidad
en la cual,
retomando la orientación de
Gramsci, las clases
dominantes no encontraban partidos o representaciones propias con los cuales
continuar dominando (Gramsci, 1975). Se trató de un momento en que el desfase de clases dominantes y
representantes alcanzaba niveles críticos que, de no reformularse el ejercicio del poder político, podría alcanzar un escenario de ‘crisis orgánica’. En este terreno, las clases dominantes no encontraban los mecanismos políticos específicos para la dominación, mientras que las clases dominadas tendían a rebelarse y movilizarse con mayor fuerza,
aunque ello no alcanzara un escenario
de ‘situación revolucionaria’.
La agudización de la lucha
de clases en México no sólo reflejaba un agotamiento de la legitimidad del estado entre las clases dominantes, sino que también
se tornaba contraproducente y poco funcional al interés del capital.[3]
La crisis de legitimidad de hizo explícita en las elecciones presidenciales de 2018, que llevaron
al nombramiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
como nuevo presidente. No cabe duda
de que millones de personas en
todo el país salieron a las calles durante esas elecciones para elegir a un candidato progresista que parecía ofrecer una alternativa de representación
frente a la prolongada crisis
de representación. Sin
embargo, la crisis política
no solo era insostenible para los
oprimidos, sino también motivo de preocupación
para la clase dominante. En este tenor, la candidatura de
AMLO ofreció una alternativa para el
desahogo de la rabia
popular y, al mismo tiempo,
para la recomposición de la dominación.
3.
Giro de tuerca en
el imperialismo estadounidense
Antes de seguir profundizando en el análisis sobre México, metodológicamente es indispensable
voltear a ver las transformaciones
y cambio de estrategia que se está produciendo desde la geopolítica del imperialismo estadounidense. Esto se debe a que el periodo presidencial de AMLO ocurrió en un
contexto global todavía vigente en
el cual EUA se encuentra sumergido en tensiones cada vez más agraviadas a nivel
mundial, donde destaca la competencia económica con China
por el reparto del mercado
mundial. El progresivo menoscabo de la hegemonía económica de Estados
Unidos en el escenario global, frente al ascenso monopólico de las corporaciones chinas en sectores estratégicos de alta tecnología,
ha generado grandes
tensiones en el proyecto de tutelaje global
económico estadounidense.
Para reafirmar su posición como potencia económica dominante,
Estados Unidos ha adoptado diversas estrategias que buscan reposicionarlo como líder económico mundial, aunque con resultados limitados.
Este esfuerzo refleja las dificultades que enfrenta en su intento por mantener su influencia frente al creciente poder tecnológico y económico de China, que amenaza con disputarle
el liderazgo en los procesos
de la revolución
tecnológica en curso, centrados en
la electro-informática y la inteligencia artificial.
Esta tensión global por la distribución del mercado mundial ha generado
una reconfiguración del rompecabezas político internacional y un
replanteamiento de la estrategia imperial de Estados Unidos, enfocada en evitar la consolidación
de esquemas de dominio multipolares en el ámbito
de la geopolítica global. Para ello,
la agenda de dominación de
EUA camina por tres senderos
principales que, aunque no son los únicos, son sin duda
destacados en la reconfiguración de la cadena de dominación
internacional.
1) Dentro de Estados Unidos, se ha implementado una política de revitalización
industrial cuyo objetivo es proteger el mercado estadounidense de la entrada de capital chino y fomentar el
desarrollo de sectores productivos
internos altamente tecnológicos. Esta estrategia
combina una política arancelaria proteccionista
orientada fundamentalmente a proteger el aparato productivo interno contra la competencia monopólica de capitales
chinos, y un impulso estatal orientado al fortalecimiento de la industria nacional. Un ejemplo destacado es la considerable inversión estatal a
través del CHIPS and
Science Act de 2022 (Ley de
Semiconductores y Ciencia),
mediante la cual el gobierno destinó
alrededor de 280 mil millones
de dólares para estimular la industria de alta tecnología
en Estados Unidos, especialmente en
el sector de semiconductores
(Badlam, 2022).
En el terreno de la
política laboral, se puede mencionar que existe una
diferencia entre Demócratas y
Republicanos en cuanto
a la alianza con sectores sindicalizados de la
clase trabajadora en EUA (ejemplo de ello es el amplio respaldo que tiene la presidencia
de Biden por parte de la Federación
Estadounidense del Trabajo
y Congreso de Organizaciones
Industriales, AFL-CIO). Sin embargo, fuera del terreno de la clase trabajadora
sindicalizada, ambos partidos han adoptado una
política laboral restrictiva y represiva
hacia la población migrante que busca intensificar la explotación de los trabajadores indocumentados, colocándolos en una posición aún más vulnerable y sometiéndolos a
condiciones de inseguridad y precariedad
extremas. El objetivo fundamental no es el de erradicar a la población migrante —lo cual produciría un jaque a la
economía estadounidense—
sino de criminalizarla y hacerla
aún más invisible en la esfera del
derecho laboral, con el fin de disciplinarla
despóticamente, controlarla
y desempoderarla al máximo.
2) En segundo lugar, como parte de
la estrategia del imperialismo estadounidense,
se refuerzan los elementos
de violencia bélica para redoblar
la intensidad de los conflictos militares y la ocupación de territorios en Europa del Este, Medio Oriente y Mar de
China, procurando reestablecer el
mando militar estadounidense a nivel
internacional. En este terreno, estas tres regiones son
hasta el momento los nodos en los que hoy
se desnuda la disputa global
por el control energético y
económico global, a lo cual
se suma el crecimiento de la incursión militar de EUA en los dos mares de China, tanto el meridional como el Oriental.
El apoyo incondicional de EUA a Israel, a pesar de todo el cuestionamiento que sobre él se ha hecho, refleja
la férrea necesidad que tiene EUA de controlar regiones
económica y políticamente estratégicas del mundo por medios bélicos y
militares. Por eso, a pesar
de las enormes movilizaciones
que ha habido en EUA contra el genocidio del pueblo
palestino, la respuesta del Estado ha sido la represión y la violencia.
3) El tercer elemento tiene que ver con la proyección imperial estadounidense en América Latina.
En nuestra región, el imperialismo estadounidense ensaya nuevas fórmulas que buscan relegitimar su dominio y minar a toda costa la influencia de China. A diferencia
de la ola de gobiernos progresistas de principios del siglo XXI, que coincidió con una condición ventajosa de precios de commodities
a nivel mundial y con la incursión económica
exponencial de China en la región latinoamericana, ahora Estados Unidos busca reforzar
la conducción y el tutelaje sobre la región, reviviendo
los aires del ALCA por medio de lo que se puede identificar como tres caminos de dominio imperial en Latinoamérica:
A) En primer lugar, mantiene una política de guerra híbrida y confrontación abierta con países como Cuba y Venezuela, tratando de erradicar por
todos los medios posibles (especialmente a través de bloqueo
económico y apoyo irrestricto
de fuerzas neoconservadoras y neofascistas), la posibilidad de que estos países puedan avanzar en la
construcción de proyectos
populares y democráticos al margen del mandato imperial (Fazio, 2024).
B) En segundo lugar, apoya a fuerzas conservadoras y
neofascistas convertidas en gobierno,
como es el caso de Milei en Argentina, Bolsonaro en
Brasil, Bukele en El Salvador, Dina Boluarte en Perú, entre otros. Ello con
el fin de procurar alinear
a estos países a la
disciplina fiscal monetarista, controlar recursos naturales
energéticos, reducir los derechos sociales, reducir la importante participación económica de China y restituir la conducción económica y
política de EUA.
C) En tercer lugar, Estados Unidos refuerza su control
sobre países económicamente estratégicos en América Latina, como México, que ocupa un lugar de vital importancia
como enclave maquilador subsumido al mercado estadounidense
(Crossa, 2024). Es decir, en el marco de la guerra económica contra China, México es para EUA un ‘espacio vital’ de generación de ganancia extraordinaria monopólica dentro de lo
que Marini caracterizó como la
‘integración imperialista de los
sistemas de producción’ (Marini, 1977, p. 186).
Tal es la importancia de México para el diseño geo-economico
imperial, que la posibilidad
de que EUA recupere el liderazgo
en sectores manufactureros
estratégicos de la economía
mundial no solo depende de que retenga los eslabones tecnológicos más avanzados de las cadenas productivas. También
depende de que mantenga elevadas tasas
de explotación mediante la transferencia de los eslabones productivos más
intensos en el uso de la fuerza de trabajo
a México, donde las relaciones de capital-trabajo y el mercado laboral en la industria manufacturera se caracterizan por registrar salarios
entre 15 y 20 veces más bajos
que los de EUA (Crossa,
2023).
En este escenario, resulta
fundamental para EUA que el Estado mexicano asegure procesos de gobernabilidad que garanticen el funcionamiento adecuado del enclave maquilador y
eviten cualquier ruptura
política que pueda poner en riesgo los
procesos de acumulación en cadenas de suministro
vitales para sectores clave de la
economía estadounidense.[4] En este sentido, EUA ensaya en México una estrategia basada en una democracia
restringida y tutelada, cuyo objetivo es el de promover una
política de concesión limitada que tenga la capacidad
de reestablecer y suturar las
relaciones de dominación luego
de un periodo de ‘crisis de legitimidad’.
El objetivo de esta formulación es el de restituir el mando del Estado por medio de mecanismos de consenso limitados, sin que esto signifique cuestionar el dominio
del capital transnacional —o la
disciplina fiscal fondomonetarista—ni el dominio
del aparato represor del Estado, sino revestirlo con legitimidad. Este giro de
tuerca en la política imperial de EUA hacia
México es sumamente importante para comprender el proceso de transición
política y reconfiguración del Estado
que se ha vivido recientemente
en México.
4.
Hacia la
formación del
Estado-Militar-Neocorporativo en México
La estrategia
global de dominación estadounidense
coloca en México la necesidad de promover un proceso de gobernabilidad
como medio para prevenir la
profundización de la crisis política y, al mismo tiempo, limitar y restringir el propio proceso político
democrático para mantenerlo bajo control
y que no se torne en una crisis orgánica que lleve a escenarios de transformación sociales y
democráticas profundas. En este sentido, en los seis años
de gobierno de AMLO (2018-2024) se dio continuidad a la política económica neoliberal, se profundizó
el carácter militar del
estado, pero al mismo tiempo,
se avanzó en la restitución de la legitimidad del mando del Estado mediante la paulatina pero cada vez más notoria
consolidación de un partido
en el poder, así como la aplicación
de políticas individualizantes de asistencia social a
través de transferencia monetarias
condicionadas. En otras palabras, el ejercicio
del poder político en
México avanza hacia la configuración de un triangulo de dominación que se ha
articulado para dar cauce a lo
que se podría denominar Estado militar neocorporativo, mismo que
se compone de tres vértices
fundamentales que se explican
a continuación.
4.1.
Primer vértice del triángulo: política económica neoliberal
La primera
cara de este triangulo es la continuidad
de política económica neoliberal. Si bien es posible destacar algunos aumentos
salariales durante el gobierno de AMLO que rompen con una tendencia a largo plazo
de disminución del salario mínimo real, no sólo no recuperan ni de cerca la caída salarial al
abismo que se produjo en
México desde los 80. Además,
han tenido un impacto disminuido sobre el ingreso real de la población trabajadora,
debido a que, como ya se mencionó, hay un
sector informal que representa el 56% de la población trabajadora,
que en gran medida vive con ingresos inferiores al salario mínimo.
Asimismo, según datos del
Centro de Análisis Multidisiplinario
(CAM), en 2024, el costo de una canasta básica era
de US$ 736 al mes, lo que
significa que, para adquirir una canasta básica de
consumo en México, un
adulto individual (no una familia) requiere 1,95 salarios mínimos
(Centro de Análisis Multidisciplinario,
2024). Esto significa que al menos un tercio de la población trabajadora de México (hay millones más) recibe un ingreso
que solo cubre el 65% de la
canasta básica de consumo, lo
que indica que el aumento del
salario mínimo solo enmascaró la condición
de empobrecimiento estructural
que subyace en el mercado laboral de México. En otras palabras, hay un enorme ejército
de millones de personas que solo vieron
cómo el salario mínimo se alejaba o
superaba sus ingresos, sin que estos últimos aumentaran. Mientras tanto, las fortunas de los multimillonarios aumentan
exponencialmente. Según OXFAM, las
fortunas de Carlos Slim y Germán Larrea (este último conocido como el rey del cobre por su actividad minera) representan el 70% de la riqueza privada de México, equivalente a la riqueza de la mitad más pobre de la población en
América Latina y el Caribe (OXFAM, 2024).
En este mismo terreno, la política
económica del gobierno encabezado por el presidente AMLO
se caracterizó por una mayor
apertura de territorio nacional a la
Inversión Extranjera
Directa (IED), la cual continúa a toda marcha bajo el
amparo de la política comercial con
EUA plasmada en el renovado
tratado de libre comercio, ahora llamado
T-MEC. Los ejes estratégicos de reproducción
del capitalismo en México
se encuentran bajo el control pleno de las grandes corporaciones internacionales,
particularmente en la industria manufacturera de exportación, en la industria agroexportadora , en la minería
y en la industria
energética (Cypher; Crossa,
2019).
En los
últimos seis años se han impulsado zonas francas para la
total libertad de operaciones de las
corporaciones trasnacionales
extractivas y maquiladoras. Destaca particularmente la cruzada del capital en el sur-sureste
de México a través de los megaproyectos
del Corredor Interoceaníco
y el Tren Maya, cuyo
objetivo dista mucho de la posibilidad de generar desarrollo y encadenamientos regionales o nacionales. Más bien impulsa la apertura de la frontera al mercado,
particularmente al dominio del
capital norteamericano, sin
aplicar una política impositiva fiscal que permita al estado disciplinar y conducir a las inversiones desde una política industrial planificada (Cypher; Crossa, 2023).
4.2. Segundo vértice del triángulo: el poder militar
A partir
del 2006, con la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, se instaló en el país un
estado de excepción no declarado en
el que las fuerzas armadas asumieron la responsabilidad de la seguridad pública, aumentando su poder de mando sobre el
conjunto del aparato político del
estado mexicano (Fazio, 2016). Este papel protagónico
se profundizó durante la gestión de AMLO, periodo en el cual
el presupuesto a las fuerzas militares aumentó 41% (alcanzando el 20% de toda la inversión física del Estado), lo cual se refleja
en un incremento
exponencial de elementos y cuarteles de la Guardia Nacional, Ejército y Marina en todo el territorio nacional, así como el control
administrativo y empresarial de aeropuertos, puertos, trenes y líneas aéreas (Animal Político, 2023).
Este aparato de fuerza funciona esencialmente
como un mecanismo coercitivo de ocupación
interna que se extiende bajo la
consigna de la ‘guerra contra el
narcotráfico’.
Pero la instalación forzada del terror social y la guerra psicológica que ha significado la militarización del país está lejos de funcionar para ‘pacificar’ al país. Actualmente hay un registro de 114 mil
personas desaparecidas en México. De este número, 100
mil desapariciones han ocurrido desde 2006 que comenzó la ‘guerra contra el narco’ y 50
mil, durante el gobierno de
AMLO. Mientras tanto, en
este mismo periodo
(2006-2024) se registraron 470 mil homicidios en el
país, de los cuales 121 mil
ocurrieron durante el
mandato de Calderon (2006-2012), 157 mil fueron
durante el de Peña Nieto
(2012-2018), y 190 mil ocurrieron durante la gestión de AMLO (A Dónde Van los Desaparecidos,
2024) Por tanto, lejos
de pacificar el país, la
mal llamada ‘guerra contra el
narco’ ha funcionado como política para dar mayor espacio a la instrucción militar, lo que nos permite afirmar que la
reestructuración del Estado
mexicano se construye bajo las
sombras de la supremacía
militar, lo cual resuena al aire de lo que Ruy
Mauro Marini denominó como un
Estado del Cuarto Poder. Como destacó
el gran pensador revolucionario brasileño, a pesar de que funcionan las instancias democrático-parlamentarias, “[…] las fuerzas armadas ejercen un papel de vigilancia, control y dirección sobre el conjunto del aparato estatal” (Marini, 1980, p. 25).
Pero la particularidad del Cuarto Poder de hoy, a
diferencia de la transformación
que analizaba Marini en la década de los 80, es que hoy el dominio
del ejército se articula con grupos del crimen organizado que toman la función de sembrar
terror-social-paralizante. Lejos
de ser una guerra contra el narco, se trata de una articulación de fuerzas represivas paraestatales y fuerzas represivas regulares que hacen mancuerna para instaurar un Estado de excepción no
declarado. No es casualidad que cuando
las fuerzas militares ocupan un territorio,
comienza un espiral de violencia destructiva marcada por
la operación irrestricta de grupos criminales
(Illades; Santiago, 2015).
Tampoco es casualidad que estos espirales de
violencia ocurran en regiones estratégicas para la reproducción del capitalismo en el país. Es lo que se vivió con el
despliegue militar de las fuerzas armadas en el estado de Michoacán durante el inicio
de la guerra contra el
narco, región que hoy el enclave agroexportador más importante del país. Es lo que pasó
con la ocupación
militar en Chihuahua, que hoy
es el estado maquilador más prominente
de México. Es lo que también
se vivió en el estado de Guanajuato, mayor productor nacional de automóviles
para la exportación en México, donde la violencia ha
azotado profundamente a la población.
Y es lo que actualmente se
vive en el sur-sureste de México, donde la implementación forzada de megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya van acompañados de una creciente militarización de las regiones y un crecimiento
imparable de la violencia del crimen
organizado que está causando éxodos masivos de población
campesinas-originaria. En otras
palabras, las pautas
básicas del terror y la coerción que se instaló con Felipe Calderón en 2006, siguen su curso en el gobierno
actual, de forma que es posible
argumentar que la guerra contra el
narco ha sido el mecanismo para la conversión del estado mexicano en un Estado militar.
4.3. Tercer
vértice del triángulo:
programas sociales de transferencia
condicionada
A pesar de que la política económica neoliberal no ha cambiado, y que las fuerzas armadas se consolidan como Cuarto Poder, la crisis política de legitimidad
que el país estaba viviendo antes de la llegada de AMLO a la presidencia se contrarrestó en los últimos 6 años de su mandato presidencial
mediante el restablecimiento
del mando estatal y la legitimidad política mediante mecanismos parciales de consenso. Por lo
tanto, la pregunta que deberíamos
hacernos es, ¿cómo es posible que la política económica
continúe operando bajo el
pulso neoliberal, y el aparato militar siga creciendo, mientras que el mando del Estado se está sellando y recomponiendo a través
de mecanismos de parcial consentimiento social?
Contrario a la posibilidad de pensar en los limitados aumentos salariales como mecanismo principal de legitimación
política, considero que el dispositivo más efectivo para resarcir el mando de la dominación del estado han sido los programas sociales de transferencia monetaria condicionada. Estos
programas han sido la fuente en la
que podemos encontrar el retejido
parcial del consenso respecto
al mando del Estado. En un país sacudido por años de precariedad laboral, estos
programas sociales, a pesar
de sus limitaciones y escasez,
se han convertido en una herramienta privilegiada para generar
consenso entre los sectores más precarizados de la clase trabajadora.
En este terreno, es
importante mencionar que el presupuesto
destinado a estos programas sociales
no surge de una política de distribución de la riqueza, lo cual refuta en todo sentido la posibilidad de pensar en estos programas como un ingreso universal básico que nace de tasas impositivas sobre
capital. De hecho, México tiene
una de las cifras más bajas de América Latina en recaudación fiscal (mientras que países como Brasil registran
una recaudación fiscal equivalente a 32% del PIB, esta cifra en México es del 16,2%) (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2024). Esto se debe a que México es básicamente un paraíso
fiscal-maquilador para las corporaciones
trasnacionales, que pueden
operar en el país sin tener que pagar un centavo de impuestos (Pérez;
Bueno; López, 2021)
El financiamiento para los programas
sociales no proviene de impuestos al capital, sino de una administración
diferente de los ingresos fiscales basada en una política de austeridad
generalizada en el gasto
público, lo que el mismo gobierno ha denominado como “austeridad republicana”. No hay
una política redistributiva que desafíe al mandato del capital transnacional o a la
disciplina fiscal del FMI, sino más bien una administración de los escasos recursos disponibles para canalizarlos hacia programas sociales monetarios estratégicos, abandonando otras
esferas de la política social. Esto
explica por qué, mientras el presupuesto para programas sociales crece, el presupuesto para los sectores de educación y salud está en franco estancamiento. En otras palabras, los programas sociales de transferencia monetaria se llevan a cabo bajo el
condicionante de una política disciplina fiscal que limita el
gasto social en su totalidad.
Entre los varios programas de transferencia prioritarios que forman parte de la Secretaría del Bienestar, destacan las pensiones para adultos mayores,
becas para estudiantes de nivel
básico y nivel medio-superior,
apoyos económicos para campesinos a través del programa Sembrando Vida y
becas para jóvenes desempleados
a través del programa Jóvenes
Construyendo el Futuro. Entre 2019 y 2024, el presupuesto de la Secretaria de Bienestar encargada de estos
programas pasó de 197 mil millones
de pesos a 543 mil millones respectivamente (precios constantes de 2024). Mientras
tanto, el presupuesto para la Secretaria de Educación
Publica se estancó en 400
mil millones de pesos mexicanos entre 2018 y 2023
(CIPP-IMCO, 2023)
Pero el punto importante a mencionar aquí no es solo el hecho de que la política social no se basa en
una lógica redistributiva, sino lo que estos programas significan para el problema del poder y la legitimidad del mando político, ya que, como
se argumentará en los siguientes parrafos, estos programas sociales están produciendo una nueva relación de mando y dominación, diferente a la que existió en épocas anteriores.
Como ya se mencionó, en las décadas del llamado ‘milagro
mexicano’ previas a la entrada abrupta del neoliberalismos en el país, el Estado mexicano se configuró en torno a una lógica
de dominación caracterizada por el
control del partido único
(PRI), el cual tenía la función
de disciplinamiento y vigilancia
sobre las federaciones y confederaciones sindicales y gremiales, incluidos trabajadores industriales,
maestros, campesinos, etc. La legitimidad
del Estado mexicano dependía
de la alianza corporativa con el liderazgo
de estas agrupaciones de trabajadores
y campesinos, en la medida en que los líderes sindicales tenían una puerta giratoria en el congreso
por medio del partido en el poder (PRI). Estas eran las bases del corporativismo mexicano en el ejercicio del
poder político.
Pero hoy la legitimidad
del Estado se teje desde un lugar diferente. Si bien es cierto que hay indicios en la
actual reconfiguración del Estado en
México que recuerdan a los años dorados del
corporativismo que se basaban en
la centralidad de la figura presidencial y la consolidación del partido único en el poder, después
de cuatro décadas de aplicación
forzada de políticas neoliberales
que impusieron una formación
social basada en la individualización del mundo del trabajo,
los mecanismos de dominación
basados en lógicas
corporativas quedaron minados. Por tal motivo, la restitución del mando del Estado por medio de
mecanismos parciales de consenso no se basa ya en
principios corporativos, a la
vieja usanza del estado corporativo mexicano de los
años 50-70, sino como una relación
unidireccional de mando político sobre los individuos, porque los programas sociales se basan en transferencias
monetarias a las cuentas bancarias individuales de los ciudadanos. El destinatario final
de los programas sociales
es una masa multitudinaria
de individuos desorganizados receptores de transferencias bancarias.
No quiero negar con ello la importancia
que representan el ingreso de estos programas para las familias trabajadores
en el país. De hecho, son de tal importancia que funcionan como fuente de relegitimación del mando político del Estado.
Pero habría que destacar, en
primer lugar, que la cantidad
monetaria es una migaja en comparación con la inmensa
riqueza que genera la clase trabajadora de México.[5]
En segundo lugar, y aquí es
lo que interesa destacar,
es que los programas sociales
de transferencias condicionadas no van acompañados de una democratización
desde abajo
de la vida política en
México, de manera que, en
lugar de empoderar a las clases
populares mediante mecanismos que incentiven la organización, sólo las están
vinculando al mando del estado desde una lógica dependiente que restringe los procesos de empoderamiento social
de clase. En otras palabras, el resarcimiento de la legitimidad del Estado no se plantea desde
una lógica democratizadora, sino que se basa en un consenso limitado y
subordinado, donde la población
adscrita a los programas es pasiva
y receptora, excluida de la
participación en el mando y la decisión
sobre la política estatal.
Por lo tanto, lo que podemos observar
es el dominio de una
tendencia neocorporativa, en la que el
aparato parlamentario gira en
torno a una lógica presidencialista que opera en mancuerna con el
ahora partido en el poder (MORENA), mientras que los mecanismos de control,
disciplina y legitimación que se sustentan
en programas de transferencia
monetaria incentivan una hiperindividualización
subordinada que rompe la colectividad
gremial para restituirla en
forma de individuos desvinculados entre si, pero
vinculados de forma individualizada y subordinada con
el Estado.
Se constituye una relación
subordinada porque, lejos de empoderar a las bases y generar poder popular
(cosa que no puede hacer
MORENA porque no es un partido de clase
basado en principio democráticos), la población trabajadora
no tiene una influencia organizada, colectiva y democrática sobre las
decisiones que afectan la organización de la vida en común
a nivel local, regional o nacional. Esta relación
subordinada e individual de mando basa su poder político en la legitimidad individualizante en lugar de en entidades colectivas.
5.
Pensar el poder desde abajo ¿Dónde están
las semillas?
La individualización de los
dominados —que en esencia
significa la atomización de
las entidades colectivas—, la cooptación de líderes sociales y su incorporación
al partido en el poder, la fractura y atomización
del movimiento popular, no sólo ha producido
una muy profunda crisis en la izquierda
que se traduce en la incapacidad para construir un programa emancipatorio que se convierta en una opción para la clases populares, sino que también
resulta en un caldo de
cultivo para el ascenso de fuerzas
conservadoras y de extrema derecha, mismas que pueden convertirse en una expresión política dominante si así
lo llegara a requerir el capital.
Frente a
este escenario se hace necesaria la construcción
de un horizonte político propio
del movimiento popular, que
surja desde las diferentes semillas
de autonomía y lucha por la
vida, y sin la vinculación subsumida al Estado.
En México tenemos muchas semillas de resistencias. Destaca
el caso de los zapatistas
que han aguantado la violencia y criminalización de un Estado que con una beligerancia cada vez más represiva,
busca desarticular su proceso
de autonomía a la vieja usanza de los programas de contrainsurgencia.
Sin embargo, la independencia frente al Estado y frente los
partidos de gobierno, junto con
una estructura política sustentada en la decisión
colectiva y el poder
popular, han permitido que el
EZLN se mantenga como la expresión ética y políticamente
más avanzada en México, además de ser ejemplar para la organización de los pueblos a nivel
mundial.
Junto a los zapatistas, también está la lucha de una enorme cantidad
de organizaciones de pueblos
originarios aglutinados en
torno al Congreso Nacional Indígena, tanto en el campo como en la ciudad,
que se organizan por la
defensa del territorio a
pesar del asedio y la sistemática represión. Estos son pueblos
organizados que, a pesar de la
violencia desenfrenada del crimen organizado y la militarización, no claudican, luchan y no se rinden.
También
está la lucha de las familias que buscan a sus
desaparecidos, y que contra la criminalización,
la violencia y los intentos de cooptación, han puesto la
demanda por la Verdad y la Justicia por delante sin permitir que la agenda de Estado los
desarticule. En este caso destaca
la lucha emblemática de los
familiares de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa que han
mantenido un movimiento de enorme dignidad, a
pesar de que hasta el momento no
se haya hecho justicia. También destaca el
papel de las Madres Buscadoras, que en medio del
silencio de la impunidad,
no claudican en la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos.
En este tenor también se puede mencionar a la organización del magisterio independiente y expresiones
autónomas del movimiento
urbano popular que, con todas las
dificultades, ha logrado mantener la independencia
contra la embestida de las estructuras de cooptación estatales.
Todas
estas, y muchas otras, son expresiones de organización independientes y
populares que hoy son la semilla de la
resistencia, como lo fueron también ayer, y que mañana serán la semilla
que florezca en la posibilidad de pensar una sociedad nueva. La izquierda tiene la opción de ver y aprender de eso, aprender sobre la necesidad de crear un proyecto emancipatorio
enraizado en estas semillas
de organización popular que luchan
y no claudican, o puede
preferir el atractivo de las cámaras, los
reflectores, la agenda electoral, el pragmatismo y el coqueteo con
la dominación del capital.
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Mateo
CROSSA
Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y en Estudios
del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Profesor-investigador
del Instituto Mora. Sus líneas de investigación
giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo
especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el
mundo del trabajo. Autor del libro Honduras: maquilando subdesarrollo
en la mundialización
y diversas publicaciones sobre la
industria maquiladora en México y Centroamérica. Director del video-documental
Made in Hoduras.
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Editoras responsáveis
Ana Targina Ferraz –
Editora-chefe
Camilla dos Santos Nogueira – Editora Temática
Submetido
em: 1º/10/2024. Revisado em: 15/11/2024. Aceito em: 19/11/2024.
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